La Paz, 06 de febrero de 2024 (VCMSSC).- Con un firme rechazo a los bloqueos innecesarios de sectores radicales, organizaciones sociales participaron de la promulgación de la Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales en la Casa Grande del Pueblo donde el presidente Luis Arce destacó el trabajo realizado por la presidencia de la Asamblea Legislativa que logró encaminar una ley que garantiza evaluación a nuevas autoridades.
“Lo que buscaban con el Proyecto de Ley trabajado en agosto, en sintonía, en armonía del sector radical con Comunidad Ciudadana y el sector ‘camachista’ era no evaluar a los futuros magistrados, era simplemente hacer un ‘check list’, cumplimiento de requisitos y nada más”, explicó el presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan Jose Jauregui.
También aclaró que la nueva Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales promulgada por el presidente Luis Arce, ahora garantiza la evaluación a los postulantes para la administración de justicia, además de la presencia de organizaciones sociales como veedoras de todo el proceso de renovación de los altos tribunales de justicia.
“Ha sido innecesario estos bloqueos, el afán, desgastar, venir por la cabeza del Presidente, como lo han anunciado ya, y lo han dicho públicamente… No se puede engañar al pueblo boliviano de esa manera y no se puede ahorcar, ni ahogar la economía del pueblo boliviano por esos intereses particulares”, exclamó contundentemente el presidente del Estado, Luis Arce durante el acto de promulgación de la mencionada Ley.
Con una vigilia pacífica autoconvocada, organizaciones sociales velaron la aprobación del Proyecto de Ley N°144 para las Elecciones Judiciales por más de dos tercios en la Cámara de Diputados y sancionada de forma unánime en la Cámara de Senadores en medio de un rechazo masivo al bloqueo innecesario de pequeños grupos radicales que solo afectaron la economía del país.
En cinco jornadas, diputados y senadores subsanaron los errores de orden constitucional que no habían sido reconocidos desde agosto de la gestión pasada por la Cámara de Senadores y que en el fondo buscaban generar conflicto para desgastar al Gobierno nacional.
Tras dieciséis días de bloqueo del sector radical, las pérdidas económicas alcanzaron los 981 millones de dólares y el 94,5% de esta afectación se concentró en el eje troncal del país, según el reporte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.